En el libro Creando criminales (2006), la baronesa Vivien Stern sostiene que las tasas de uso de la prisión en el mundo varían al infinito: en la cúspide se hallan USA con casi 800 presos por 100.000 habitantes y la Federación Rusa con cerca de 600 por 100.000. Estos campeones de la prisionización registran en Nueva York una tasa de homicidios de 8,65 por 100.000 y en Moscú una de 18,38 por 100.000, lo cual revela una escasa eficacia preventiva.
Inversamente, usan menos la prisión Finlandia con 71 por 100.000 (menos de una décima parte de la tasa norteamericana) y una tasa de homicidio de 2,90; Australia con 117 por 100.000 habitantes y tasa de homicidio de 1,87; Canadá con 116 por 100.000 y tasa de homicidio de 1,77; Nueva Zelanda con 118 presos por 100.000 habitantes y tasa de homicidio de 2,50.
La explicación convencional según la cual hay más prisionización porque hay más homicidios es falsa: si fuese cierta, las altas tasas deberían haber provocado un descenso de los homicidios y las bajas tasas deberían haberlos subido. La conclusión es clara: el mayor uso de la prisión no tiene efecto preventivo de los homicidios, y cabe sospechar que tiene un efecto contrario.
«El resultado más espectacular del sistema penal es la prisionización», asegura el Dr. Raúl Zaffaroni para luego agregar que «desde el siglo XIX es la columna vertebral del sistema de penas». Éste es el tema central del capítulo 23 de La cuestión criminal, cuyos aspectos principales transcribimos a continuación.
La gran ventaja de la prisionización es que permite una unidad de medida facilitadora del cálculo talional, pero el límite del talión impide sacar del medio a los molestos que cometen infracciones menores. Para ésos se inventaron penas desproporcionadas con la gravedad de la infracción. La más drástica fue la deportación en Australia, la Isla del Diablo, Siberia o Ushuaia.
La patología política de los Estados Unidos y su criminología mediática revivieron la deportación, aplicando a los molestos penas de veinticinco años por delitos ínfimos: apoderamiento de un guante, posesión de un grabador robado, tratar de cobrar un cheque de cien dólares, usar una licencia de conducir falsa, etc. Se trata de la vieja mala vida positivista, pero como no pueden deportarlos ni tampoco matarlos, los encarcelan.
En los países ricos las cárceles tienden a convertirse en instituciones de tortura blanca (es decir, sin predominio de violencia física) y en los pobres en campos de concentración, con muertes frecuentes (masacre por goteo) y brotes de muertes masivas (motines).
La prisionización innecesaria fabrica delincuentes, al igual que la estigmatización de minorías en una clara profecía autorrealizada (jóvenes con dificultades de identidad asumen roles imputados mediáticamente, reafirmando los prejuicios propios del estereotipo). Las cifras no mienten: Estados Unidos es el único país con alto ingreso per capita que no logra reducir la cantidad de homicidios.
El modelo norteamericano ha cobrado autonomía y es difícil detenerlo, pues generó una poderosa industria de la seguridad, que incluso inventó la privatización carcelaria como panacea. Se trata de empresas que construyen cárceles premoldeadas que alquilan a los gobiernos hasta que pasados algunos años y una vez que los presos las han destruido, las dejan en propiedad de los países que las compran.
Ningún país con gobiernos racionales pena infracciones muy menores con prisión. Hace más de un siglo y medio se conocen los efectos deteriorantes de la prisión; de ahí el invento de la probation y la condenación condicional.
En todo país razonable los patibularios se enjaulan en prisiones y los infractores muy menores no. Pero en el medio quedan los molestos y los autores de infracciones de mediana gravedad, a cuyo respecto no hay reglas fijas. O sea que cada país decide qué hacer con ellos.
Esa enorme masa da lugar a la decisión política arbitraria de cada nación. ¿Es necesario penar con prisión el hurto, el robo sin violencia en las personas, la mechera de tienda reiterada, los vendedores callejeros de productos falsificados? ¿Pueden penarse con penas no privativas de libertad o darles soluciones coercitivas reparadoras? Las respuestas son opinables, por lo que cada país tiene el número de presos que políticamente decide.
Las cárceles superpobladas no sólo aumentan el efecto reproductor criminógeno de la prisión, sino que las frecuentes masacres por goteo hacen que la pena de prisión se convierta en una pena de muerte aleatoria, por cualquier delito e incluso por ningún delito. El riesgo de victimización homicida suele superar veinte veces el de la vida libre.
Hemos dicho que hay una pena de muerte aleatoria también por ningún delito, porque alrededor del 70% de los presos de la región no están condenados, sino sometidos a medidas cautelares (prisión preventiva). De esa cifra entre el 20 y el 25% será absuelto o sobreseído, o sea, que se halla en prisión por nada y para nada.
La prisionización sin causa en función de la peligrosidad judicial no ha sido medida, pero en algunas jurisdicciones se estima que entre el 20 y 25% de los casos la prisión preventiva termina por absolución. Son casos de verdadero secuestro estatal con alto riesgo de vida.
Para resolver el problema de la prisión “por nada” se nos propone una condena “por nada”, también inspirada en el modelo norteamericano: se trata de extorsionar al preso para que negocie con el fiscal y acepte una pena, como forma de condenar a todos sin juicio. Es la plea bargaining o negociación, que nosotros llamamos «juicio» o «procedimiento abreviado».
En los Estados Unidos menos de un 5% de los casos se juzgan por jurado, pues en el 95% se aplica este expeditivo procedimiento extorsivo. El jurado que nos venden por televisión funciona sólo para personas que pueden pagar defensas muy caras y otros pocos excepcionales.
El preso sufre un proceso de regresión a una etapa superada de la vida. Todo lo que la persona hacía conforme a su libertad de adulto, pasa a hacerlo bajo control y en la forma en que se le prescribe: se levanta, come, se higieniza, cena y duerme cuando y como se lo ordenan.
En la cárcel las condiciones infantilizantes hacen que pequeñeces de la vida libre asuman una trascendencia increíble. Como lo señaló Goffman, el espacio se contamina, la privacidad desaparece, lo que se llevaba a cabo en privado se vuelve público (aunque en alguna medida esto también está sucediendo en la sociedad extra-muros).
Una administración carcelaria corrupta hace del preso un pequeño negocio mediante el tráfico de elementos prohibidos, en particular tóxicos, práctica que se conoce desde el siglo XIX. Con mayores niveles de corrupción puede llegarse al extremo peligro de introducción de armas de fuego. Las armas blancas no se introducen, sino que las fabrican los propios presos: son las famosas púas, afiladas durante horas contra los muros.
La «sociedad carcelaria» –como la llama Elías Neuman– tiene su propia jerarquía interna y los presos asocian al recién llegado a un estereotipo conforme al delito cometido (pesado, estafador, chorro, violeta, estafeta, escruchante, etc.) y en razón de éste y de características personales se lo vincula a un estamento de esa jerarquía. El preso debe comportarse respondiendo al rol que demanda el estereotipo, pues de lo contrario provoca las disrupciones (reacciones agresivas) que pueden costarle la vida.
La prisionización puede acabar con todo proyecto de vida extra-muros como límite del deterioro, y condicionar incluso hechos violentos como forma de suicidio inconsciente o de regreso al mundo en que tenía un rol destacado.
No es menester idealizar la criminalidad ni creer que este Ellos se limita a fumar marihuana. Lo cierto es que la reducción del espacio social y la acción del poder punitivo prepara verdaderas bombas de tiempo humanas. El fuerte movimiento regional a favor de la prisionización masiva de adolescentes expresa como objetivo manifiesto la prevención de la violencia, pero su función latente es la fábrica de criminales prematuros.
A esto se suma que el personal penitenciario queda anómico, pues se le instruye conforme a un discurso que en la práctica es una misión imposible, sin contar con que las cárceles deterioradas los someten a constantes riesgos y condiciones de trabajo muy negativas y estresantes. Dicho esto, es justo señalar que todo esto depende del grado de deterioro del sistema prisional: los hay menos afectados por el inexorable curso hacia el campo de concentración, determinado por la superpoblación y la carencia de recursos.
No nos cansamos de repetirlo. En ningún país ni en ninguna época, los criminales violentos han dejado de ser tratados con las penas más severas, salvo cuando operaron con cobertura oficial. Esto no cambia con las novedosas leyes que inventan los políticos impulsados por la criminología mediática.
Mientras tanto, la maraña legislativa creada por las constantes reformas penales lesiona la seguridad de todos, pues la ley penal pierde certeza, nadie sabe lo que está prohibido penalmente, toda ilicitud tiende a volverse ilicitud penal, la vieja aspiración a las leyes claras queda olvidada. El permanente recurso a la criminalización la banaliza en lugar de jerarquizarla.
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La versión completa de este fascículo se encuentra aquí.
Espectadores 
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