Con 23 minutos de retraso arrancó ayer el Congreso Internacional sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que el Ministerio Público de la Defensa lleva adelante en el primer piso de la Biblioteca Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires. Acompañadas por el dueño de casa Horacio González, la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto presentaron la doble jornada que concluirá esta tarde con las exposiciones del catedrático español Francisco Muñoz Conde y el juez de nuestra Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. A los discursos de apertura les siguió la breve conferencia inaugural sobre las «obligaciones internacionales del Estado en materia de tortura» a cargo del relator de la ONU Juan Méndez.
Ésta es una cabeza noticiosa posible, más bien convencional, para la crónica del segmento inicial de un encuentro a sala tan llena que dejó a mucho público de pie. Sin embargo, cuesta respetar el estricto ABC periodístico cuando la tortura y sus derivados son el tema principal del evento en cuestión.
Estela habló primero y, mientras enumeraba los obstáculos que las Abuelas enfrentaron en tiempos de dictadura, algunos espectadores nos preguntamos qué imágenes le vendrían a la mente, cuánto vibraría su cuerpo ante el recuerdo del «algo habrán hecho», «por algo será», «habrá que entender los excesos propios de una guerra» y ante el estrecho vínculo entre estas expresiones del pasado y aquéllas actuales en boca de los argentinos que hoy minimizan las eventuales extralimitaciones de la «mano dura», convencidos de que éste es el mejor antídoto y remedio para combatir la inseguridad.
Además de hablar (en realidad leyó), la titular de Abuelas también escuchó. Quizás en ese momento de menor exposición (mientras Martínez comentaba el objetivo principal del encuentro y/o Méndez se refería a los grises de la jurisprudencia internacional), haya tenido que espantar por milésima vez los fantasmas en torno a la detención clandestina de su hija embarazada.
Estas especulaciones ilustran la importancia de la participación de Carlotto en tanto referente reconocible de un delito en general invisibilizado y en ocasiones excusado (incluso alentado). De hecho, esta mujer invencible es prueba viviente del daño irreparable que causa el Estado cuando abusa de su poder, no sólo en tiempos dictatoriales. Su testimonio sirve a los fines de promover en la sociedad un sentimiento de «tolerancia cero» contra la tortura.
Se trata, en palabras de Estela, de una «lucha cultural» cuyos principales objetivos consisten en erradicar toda justificación ideológico-discursiva y en (volver a) apostar a la Justicia para prevenir, sancionar y reparar este delito de lesa humanidad. Desde esta perspectiva, la titular de Abuelas sostuvo que los juicios contra los represores del Proceso sentaron un precedente insoslayable que permite exigirle a nuestra democracia treintañera una «mayor eficacia para combatir la violencia institucional».
Por su parte, la Defensora General de la Nación retrocedió todavía más en el tiempo y, primero, les rindió homenaje a los «patriotas revolucionarios que, inspirados en la Constitución de Cádiz, elaboraron los postulados de nuestra Asamblea del año XIII» y entre otros cambios impulsados «derogaron la tortura como método legal» de interrogatorio y castigo. En el recinto de la Biblioteca, la mención de este antecedente sirvió para denunciar la vigencia de la tortura como método ilegal «en todos los ámbitos de encierro a nivel federal y provincial» (incluso en institutos de menores y en geriátricos) y para convocar a un esfuerzo colectivo que se proponga erradicarla definitivamente.
En segundo lugar, Martínez citó al italiano Pietro Verri que en 1776 escribió sus Observaciones sobre la tortura, y que dos siglos más tarde inspiró una publicación homónima redactada por el español Manuel De Rivacoba. De ambos trabajos también se desprende la urgencia de modificar las prácticas judiciales que convalidan la tortura, por ejemplo para recabar pruebas o para probar la presunta naturaleza siempre mentirosa de los delincuentes.
«La ‘mano dura’ sólo construye una sociedad más insegura y menos democrática», aseguró la anfitriona del congreso. Luego concluyó: «No podemos permitir esa mirada complaciente» sobre un delito que atenta «contra la dignidad y los derechos humanos».
La ponencia de Juan Méndez fue mucho más técnica. Tras instar a «profundizar el camino emprendido por la mencionada Asamblea del año XIII», el funcionario de Naciones Unidas partió de algunos artículos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para sintetizar el desempeño de la Relatoría a su cargo, y para señalar los grises jurisprudenciales que habilitan cierto grado de permisividad a pesar de la existencia de una prohibición «absoluta e inderogable».
En términos más coloquiales, Méndez desmitificó los «argumentos falaces» a favor de la tortura, por ejemplo aquél sobre la inevitabilidad de su uso ante un terrorista con datos precisos sobre un atentado inminente. De hecho, el único y verdadero motor de esta práctica radica en el poder de «infligirle dolor a una persona en nombre de un fin cualquiera»: impedir un crimen, proceder a un tratamiento terapéutico, vencer al enemigo en una guerra.
Como sus predecesoras, este orador también reconoció que la Argentina avanzó considerablemente en la lucha contra la violencia institucional a partir de los juicios a los genocidas de la última dictadura militar, pero advirtió que nuestro Estado todavía debe ajustar mecanismos de prevención, control, sanción, reparación en democracia. Así lo prueban las condiciones insalubres de nuestras cárceles, los episodios de maltrato a presos y detenidos (que a veces toman estado público a través de la prensa), la vigencia de viejas prácticas policiales y judiciales que suenan/huelen a resabios totalitarios.
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