Por Jorge Gómez
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Hace más de treinta años años que el coronel retirado Luis Alberto Sarmiento fue denunciado en causas por delitos de lesa humanidad, tal como queda claro en este artículo que Página/12 publicó el 17 de enero. El viernes pasado, la Justicia de Misiones intentó detenerlo igual que a decenas de ex represores que están siendo juzgados en estos días.
Acompañada por los grandes medios de comunicación y otros opositores al Gobierno, su hija María José Sarmiento –la jueza que suspendió la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia destinados a crear el Fondo del Bicentenario y destituir al ex presidente del Banco Central Martín Redrado– logró presentar el pedido de arresto como un acto de persecución política, y que el ex militar siga libre sin siquiera ser interrogado.
¿Cuánto falta para que Alfredo Astiz, Jorge Rafael Videla, Jorge El Tigre Acosta, Antonio Bussi y los cientos de ex represores que deben responder ante la Justicia, muchos de ellos ancianos y con su salud deteriorada, consigan que el periodismo objetivo presente su caso como una venganza de «los K»?
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