Post escrito por Adivinador del Pasado y La Spectatrice.
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Desde hace unos 25 años, es un lugar común que los argentinos interesados en la comunicación social se quejen por la vigencia de la Ley de Radiodifusión 22.285/1980, decretada por la dictadura militar de 1976-1983. En general, estos oyentes y televidentes apasionados piden una norma que impida la concentración de medios, que permita el ingreso de nuevas voces, que favorezca el pluralismo, que mejore la transparencia y la circulación libre de la información pública. Por otra parte, todos parecemos coincidir en que estas condiciones no pueden desarrollarse en un ambiente monopólico.
En nuestro país, atacar el monopolio de la información equivale a enfrentarse con el Grupo Clarín. Quizás por eso todas las administraciones desde 1983 prefirieron negociar con el gran multimedio antes que meterse en problemas. Incluso el primer kirchnerismo prorrogó por decreto las licencias de Canal 13 y Radio Mitre, y permitió la fusión entre Multicanal y Cablevisión.
Sin embargo, durante la actual gestión de Cristina Fernández, algunos elementos novedosos favorecieron el desarrollo de la confrontación. Por un lado, tal como avisó Julio Blanck en diciembre de 2007, irrumpió en escena la Presidente, determinada a pelear por la construcción del relato mediático y a sostener una lucha contra las empresas periodísticas que –en términos comunicacionales, obviamente– no puede ganar.
Por otro lado, los episodios de 2008 (cuando los grandes medios jugaron abiertamente con la oposición y el oficialismo implementó la arriesgada táctica de llevar el enfrentamiento al máximo) dejaron atrás aquella «coexistencia pacífica» y, en nuestra opinión, convirtieron a la Ley de Medios Audiovisuales en otro capítulo de la puja entre el Gobierno y las compañías del sector.
En el contexto actual, el planteo de que éstos no son tiempos para modificar la Ley 22.285/80 resulta tentador. Pero también es cierto que, por el tipo de intereses afectados, es imposible imaginar un momento donde los grandes medios dejen de presentar la iniciativa legislativa como una limitación a la libertad de prensa, un ataque a la democracia, una maniobra que afecta derechos adquiridos, que provoca caos, etc.
Dadas estas circunstancias, podemos aprovechar el reciente envío del proyecto para hacer los siguientes comentarios, independientemente de la intención del kirchnerismo y descontando la buena fe de las numerosas organizaciones que durante más de un año trabajaron en la elaboración del documento puesto a debatir en el Congreso de la Nación.
El acceso a la información como derecho humano
Créase o no, en pleno siglo XXI y a más de 25 años de recuperada la democracia, nuestra sociedad sigue anclada a un decreto cuya definición de “libertad de expresión” se encuentra supeditada a las exigencias de la peligrosamente inasible doctrina de Seguridad Nacional.
Sólo por eso, la idea de retomar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y de aplicar la noción de derecho a la información como derecho humano universal revela una doble intención: 1) liberarnos de una pata política y cultural anacrónica, asociada a un gobierno de facto censor y represor; 2) abrir una puerta para garantizar el acceso a información plural, heterogénea, generada desde distintas fuentes y puntos de vista.
Curiosamente, cuando en estos días ataca el proyecto de ley, la oposición elude el «detalle» -verdadera ruptura- que consite en asignarle status jurídico, de derecho humano universal, a la información pública. Sin dudas, asistir a esta conducta resulta muy interesante.
Algunos avances sobre los oligopolios informativos
El Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (así se llama) introduce algunas limitaciones a la concentración de medios, que son habituales en la legislación de otros países (Canadá, Francia, Estados Unidos y Brasil son algunos de los mencionados). En principio, plantea la necesidad de revelar la identidad de los titulares de las licencias, a diferencia de lo que ocurre con la Ley de Radiodifusión 22.285 que oculta la propiedad de los medios detrás de la fachada de Sociedad Anónima.
El documento establece restricciones a la cantidad de licencias por titular y al plazo de la vigencia. De hecho, propone limitar a diez la cantidad de servicios abiertos y regular la TV por cable por región, cuando actualmente un mismo propietario puede adquirir una cantidad ilimitada de licencias de TV por cable y hasta 24 de servicios abiertos de radio y televisión.
El proyecto también reduce el plazo de las licencias a un máximo de veinte años (diez que se prorrogan otros diez), cuando ahora es de 25 (15 + 10).
El control
Hoy la comunicación audiovisual en la Argentina está regulada por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), ente creado durante la dictadura y formado por empresarios, funcionarios vinculados a la defensa nacional y algunas asociaciones desconocidas. En cambio, la nueva propuesta propone crear un organismo que funcione bajo control parlamentario y que esté integrado por representantes del Poder Legislativo (el documento menciona especialmente a “la segunda y tercera minoría”) y Ejecutivo de la Nación, de las universidades, de asociaciones sin fines de lucro, y de trabajadores vinculados a la comunicación masiva.
Incorporación de nuevos actores
En otras palabras, el proyecto propone la entrega de licencias a sociedades sin fines de lucro, cooperativas, altas casas de estudio, ONGs, mutuales, entidades de bien público. El estímulo que el Estado pueda darle a la intervención de estos nuevos actores debería enriquecer el circuito de la comunicación masiva.
Televisión codificada
En un avance que el monopolio de Clarín/Torneos y Competencias difundió en estos últimos días, consta que la nueva propuesta busca limitar la transmisión codificada de fútbol cuando los partidos sean “de interés público”. Parece una medida sin importancia en el marco de una ley que podría refundar la comunicación en Argentina, pero esta amenaza al negocio de Clarín-AFA-TyC pone nerviosos a los accionistas involucrados.
Cuota de pantalla
Inspirada en la regulación francesa y brasileña, la ¿futura? Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pretende defender el trabajo argentino, promover la producción local y fortalecer nuestra identidad cultural. Para tal fin, establece una cuota de pantalla que exige que el 60% de la programación televisiva consista en la emisión de programas, series y películas nacionales.
Cuesta discutir este punto cuando el apartado en cuestión es tan escueto y a veces tan confuso. Después de varias lecturas, da la sensación de que sus redactores confunden dos aspectos tan ligados pero tan disímiles como, por un lado, la elaboración de contenidos propios por encima de contenidos extranjeros y, por el otro, las condiciones contractuales que los canales de TV deben cumplir para emitir/proyectar los productos autóctonos.
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A modo de conclusión podemos sostener que la nueva propuesta aparece, fundamentalmente, como la reedición de leyes de otros países. De ahí la falta de elementos novedosos y/o revolucionarios y el consuelo de que, a lo sumo, se trata de una reforma correcta.
Sin embargo, ante un escenario político nacional infectado por personajes desaforados que se agitan al grito de “estaremos como en la Venezuela de Chávez” (?) , “Kirchner puede decidir quién tiene una radio y quién no” y otras desmesuras al tono, cabe señalar que el Estado argentino -como los Estados francés, brasileño, canadiense, estadounidense- siempre ejerció su autoridad en materia de comunicación audiovisual.
Por lo tanto, en caso de aprobarse, la flamante ley no aumentaría esa facultad. Al contrario, da la sensación de que el ente en reemplazo del COMFER le quitaría poder al gobierno de turno, en parte gracias a la intervención de los nuevos actores que mencionamos más arriba. Desde este punto de vista, la comunicación masiva podría mejorar por estas latitudes.
Está claro que la propuesta les quita protagonismo y privilegios comerciales a las grandes corporaciones que manejan la información en la Argentina. Sin dudas, esto origina la mala prensa (valga el juego de palabras) que la gente de Clarín le da al proyecto y –en nuestra opinión– sugiere la posibilidad que el Gobierno termine negociando con el Grupo y cajoneando la reforma.
En una síntesis tan apretada, cuesta detenerse en los matices del documento analizado. Sin embargo, no debemos olvidar que este proyecto se presentó para ser debatido no sólo por el Poder Legislativo sino por la ciudadanía. Aún con las limitaciones propias de un blog, resulta apasionante aceptar el desafío.
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Aquí, la versión completa del proyecto de ley.
Espectadores 
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