Con el alma y la mente sensibilizadas… Así quedamos muchos de los asistentes al congreso internacional sobre tortura y tratos degradantes que el Ministerio Público de la Defensa organizó el jueves y viernes pasados en la Biblioteca Nacional. La conmoción habrá sido mayor entre los legos en la materia, porque por primera vez nos asomamos a una realidad sospechada, apenas sugerida en algunos medios de comunicación, pero sólo confirmable en un encuentro capaz de reunir a referentes de variadas disciplinas, con el propósito de abordar los diversos aspectos de una problemática tan compleja como silenciada.
Eva Giberti, Eugenio Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas, Felipe Pigna, Jorge Taiana, Guido Carlotto, Horacio Cecchi son los nombres más reconocibles en la lista de panelistas que contribuyeron al objetivo principal del evento: visibilizar las distintas formas de violencia institucional y denunciarlas como pesadísima herencia del pasado (reciente y lejano, autóctono y vinculado con la historia de la civilización occidental). La participación de estas siete figuras resultó fundamental no sólo en términos de convocatoria (tengamos en cuenta que la tortura y sus derivados distan de ser un ítem prioritario en la agenda ciudadana) sino porque todos ellos probaron que el tema es irreductible a las consideraciones técnicas del Derecho: en efecto, terminamos de entenderlo mejor a la luz de la psicología, la Historia, el pensamiento filosófico, el periodismo, la experiencia de la función pública.
«No hay tema más importante que éste porque es la gran deuda del Estado de derecho» sostuvo Rafecas apenas tomó la palabra en el panel ‘Tortura y dictadura’, que inauguró la segunda jornada del congreso. De esta manera convalidó las palabras de su predecesora en la exposición -Ana Orbelín, abogada de ex detenidas desaparecidas- que subrayó la importancia de los juicios contra los represores del Proceso porque «permiten discutir cuánto del pasado tiene nuestro presente».
Rafecas se detuvo especialmente en el concepto de ‘tortura ubicua’, «fundamental para las imputaciones de todos los que se desempeñaron en los centros clandestinos»: desde los verdugos hasta los altos mandos, pasando por el personal a cargo de tareas administrativas como la confección de listas y de presupuestos asociados a la logística de secuestro, reclusión y traslado. En este punto, el juez federal advirtió sobre la existencia de una «estructura represiva» con distintos estamentos cuya visibilización falta precisar.
«La tortura es el corazón de las investigaciones judiciales», agregó para luego anunciar: «todos los autores van a ser alcanzados».
A la convivencia entre pasado y presente también se refirió el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, en el panel ‘Experiencias de prevención de la tortura’. El funcionario consideró que la mejor estrategia -sino la única- para erradicar definitivamente la práctica de la tortura en nuestro país consiste en «intervenir de manera directa en la formación académica de las fuerzas de seguridad, por ejemplo en incluir una materia sobre Derechos Humanos que sea obligatoria, anual (cada año de la carrera), y tan importante como lengua y matemáticas».
El hijo de Estela insistió en la necesidad de contar con una «firme decisión política» para llevar adelante esta iniciativa, una voluntad similar a la que en 2012 impulsó la creación de una Comisión Interministerial para la Prevención de la Tortura en la provincia que gobierna Daniel Scioli.