«Familiares de caídos en Malvinas repudiaron el viaje de (Adolfo) Pérez Esquivel y Nora Cortiñas para identificar a los soldados» se titula el artículo sin firma que Clarín publicó el 14 de marzo. El autor anónimo nombra de manera incompleta, «Comisión» a secas, a la entidad que repudió la visita del premio Nobel de la Paz y de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora a las islas ocupadas por los kelpers, en el marco del acuerdo que nuestro país y el Reino Unido firmaron en diciembre de 2016, con la mediación de la Cruz Roja. En cambio, el nombre completo -«Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur»- aparece en la transcripción del comunicado que Nicolás Kasanzew difundió ese mismo día a través de Facebook. El corresponsal de guerra del canal oficial en tiempos de dictadura le agregó el siguiente encabezado: «¡Fuera esas sucias manos y esas mendaces lenguas! ¡Las queremos bien lejos de nuestros gloriosos caídos de Malvinas!».
«Nuestros seres queridos han sido declarados como ‘Héroes Nacionales’ mediante la Ley 24.950 del año 1998, nombrando a los 649 por orden alfabético. En el Cementerio de Darwin no hay NN, hay soldados reconocidos por el Estado Nacional y por el conjunto del pueblo argentino» sostienen estos deudos para explicar porqué rechazan la intervención de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Por lo visto, reducen la sigla derivada de la expresión en inglés No Name (Sin Nombre) al uso que se le dio a poco de recuperada nuestra democracia, cuando hubo que etiquetar los restos humanos encontrados en playas, barriles, tumbas truchas, fosas comunes, y con indicios de corresponder a personas asesinadas en los centros clandestinos de detención al servicio de la mencionada dictadura.
El 19 de marzo, la prensa porteña se hizo eco del escrache que integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur les hicieron a Pérez Esquivel y demás miembros de la comitiva de DD. HH en el aeropuerto Jorge Newbery, apenas bajaron del avión procedente de Malvinas. Con un poco más de respeto por la rigurosidad periodística que Clarín, InfoBAE insertó en su cobetura una copia de la carta pública que la presidenta de la CFCMIAS María Fernanda Araujo le escribió a Don Adolfo. «¿A Usted le parece que a mi hermano, como al resto de los soldados cuyas tumbas no están localizadas, puede tratárselo como a un NN? le espetó antes de pedirle que deje de «ofender la memoria de nuestros seres queridos».
De los 230 compatriotas que yacen en tumbas individuales en el Cementerio de Darwin, sólo 107 fueron identificados con nombre y apellido; las 123 lápidas restantes portan la inscripción ‘Soldado argentino sólo conocido por Dios’. Este conmovedor artículo que Página/12 publicó, también sin firma, a mediados de 2016 les dio voz a los familiares que hace años piden saber si en esas tumbas NN descansan los restos de los hijos, hermanos, nietos que el Ejército Argentino obligó a luchar en la guerra de 1982. Además de presentar el testimonio de esos otros deudos, la nota cita a Ernesto Alonso, encargado de relaciones institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y otro destinatario del escrache en Aeroparque.
El 19 de marzo, la gente de la CFCMIAS le gritó Traidor y Vende patria, no sólo por respaldar la iniciativa de identificación, sino por desenmascar la interna que divide a los familiares de caídos. El periodista de Página/12 la explicó en los siguientes párrafos:
Los familiares provienen de grupos heterogéneos. Entre los muertos hay oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pero también decenas de colimbas pobres y soldados desplazados hacia el sur, obligados a participar de la guerra. Durante años, la voz oficial de los muertos fue la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, controlada de alguna manera por las Fuerzas Armadas. Desde 1982 fue presidida por Héctor Omar Cisneros, hermano de Mario Cisneros, uno de los oficiales caídos.
Después de años de sospechas, con la desclasificación del listado de integrantes del Batallón de Inteligencia 601 en 2009, el nombre de Cisneros apareció como espía de la máxima central de espionaje de la dictadura militar.
«Lo peor que les podía pasar a las Fuerzas Armadas después de la guerra era que los familiares de los soldados se juntaran con las Madres de Plaza de Mayo; por eso para nosotros buscaron controlar esta comisión», le dijo Alonso al cronista. Luego agregó que la CFCMIAS también se opone a la identificación porque ésta puede conducir a la comprobación científica de que algunos conscriptos murieron, no en combate, sino a manos de sus superiores.
Del artículo de Página/12 se desprende la siguiente cronología:
– En 2011, el CECIM y un grupo de familiares impulsaron una causa por el derecho a la verdad en el juzgado federal de Julián Ercolini.
– A fines de 2012, el juez ordenó al Estado argentino realizar todo lo que estuviera a su alcance para llevar adelante la identificación.
– Ese mismo año Cristina Fernández de Kirchner solicitó la colaboración de la Cruz Roja para abrir una negociación con Gran Bretaña con la intención de acordar el proceso de identificación.
– La entonces Presidenta de la Nación también aprobó un protocolo por el cual la Argentina debía avanzar en la recolección de las pruebas genéticas de los familiares interesados, a través de un equipo constituido por el Equipo Argentino de Antropologia Forense y los Ministerios de Justicia y Desarrollo Social.
– En 2013 se creó el banco de Sangre de Familiares de Combatientes Argentinos Fallecidos en el Conflicto del Atlántico Sur Inhumados sin Identificación. Ese mismo año, el gobierno argentino anunció la recolección de muestras de 81 familias.
Esa cifra da cuenta, por un lado, de la resistencia de los integrantes de la CFCMIAS y, por otro lado, del alto consenso en torno a la identificación: 65.85 por ciento, para ser exactos.
En los nueve meses transcurridos desde aquella publicación de Página/12, nuestro Estado nacional cambió radicalmente de signo político, y sin embargo siguió avanzando con las tareas encomendadas por el juez Ercolini. El 20 de diciembre de 2016, firmó el acuerdo necesario con el Estado británico, y a fines del verano de 2017 envió a Ginebra una lista de forenses de los cuales dos serán (si no fueron ya) elegidos por la Cruz Roja para integrar el equipo que retirará muestras del Cementerio de Darwin entre junio y agosto próximos.
En enero pasado, Ezequiel Chabay informó en El Cronista que una parte de esas muestras será enviada al laboratorio que el Equipo Argentino de Antropología Forense tiene en la provincia de Córdoba. Otra parte viajará a los laboratorios de la Universidad Central de Lancashire, en Preston, Inglaterra, y del Servicio de Genética Forense de la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde se establecerán los perfiles obtenidos para hacer una doble comparación cruzada y a ciegas de los resultados obtenidos por el EAAF.
Según Télam, los primeros resultados podrían estar listos entre fin de año y principio de 2018. Por si hiciera falta, vale aclarar que sólo se les restituirá la identidad a los restos cuyo ADN sea compatible con alguna de las 81 muestras depositadas en el banco de sangre.
En la madrugada del jueves pasado, un grupo de desconocidos pintó la fachada de la sede del CECIM con leyendas contrarias a la identificación de los 123 soldados sin nombre. En declaraciones al diario El Día de La Plata, Alonso dijo que denunciará el hecho ante la Justicia y atribuyó la intimidación a una agrupación autodenominada ‘Vanguardia Nacionalista’.
En el transcurso de los 35 años que contamos desde la guerra de Malvinas, también se inscribe la historia de la búsqueda de conscriptos caídos en las islas. Acaso la más conocida sea la de la familia de Eduardo Gómez que vivía en la localidad chaqueña de Villa Berhet y tenía 19 años cuando lo convocaron al servicio militar en Monte Caseros y luego trasladaron a Río Gallegos.
En diálogo con Página/12, su hermana Norma contó que la familia empezó a buscarlo por teléfono después de una última carta recibida desde la capital de Santa Cruz.
«Una vez nos dijeron que estaba almorzando lejos, que no podíamos hablar con él. Otra vez, que tenía pie de trinchera. Después, que estaba desaparecido. Un hermano y una prima viajaron a Buenos Aires. Mi prima se disfrazó de enfermera y entró a todos los hospitales porque nadie nos decía nada de lo que pasaba con él. Siguieron preguntando hasta que los militares de la época los amenazaron y les dijeron que si no volvían a Chaco, mi mamá no solo iba a perder un hijo sino a dos”.
En 1991, Norma, su hermano mayor y su madre volaron a Malvinas en un viaje organizado por la Cruz Roja. Al encontrar una tumba a nombre de un primo -Mario Sánchez- pero ninguna a nombre de Eduardo, lo imaginaron inconsciente, herido y/o incomunicado en algún lugar. Entonces reanudaron la búsqueda.
«Lo buscamos en los hospitales psiquiátricos, en el Borda. El último fue el Hospital Naval. Todavía me acuerdo. Un señor me dijo: ‘Sí, Eduardo Gómez, está en la pieza 38 en el octavo piso’. Subimos. Mi hermano me llevó a upa porque los asensores no andaban. Llegamos, pero no era. En la habitación había un tal Enrique Gómez. Y ahí desistimos. Yo me volví a Chaco. Pero la ilusión de mi mamá y de mi abuela quedaron latentes… Mi abuela decía que, como él era tan bueno, a lo mejor los ingleses lo debían querer mucho y por eso se lo llevaron».
A fines del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Chaco produjo el corto documental El último rescate, con testimonios de Norma y otros ciudadanos chaqueños que desconocen el paradero de sus hijos o hermanos enviados a combatir en Malvinas. A estos argentinos invisibilizan Clarín y demás propaladores mediáticos de la comisión de familiares que, entre otras cosas, se arroga la exclusividad de un duelo y busca imponer una verdad a medias.
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Contenidos complementarios
– (Re)lecturas del 30 de marzo
– La guerra de Malvinas y Margaret Thatcher según Ralph Steadman
– “Malvinas es el lugar donde nuestros muertos nos esperan siempre”
– No sólo el 2 de abril de abril; también el 30 de marzo
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