Sin ánimo de compararme con Emilio Zola y de poner este post a la altura del Caso Dreyfus, yo también acuso… Acuso desde este pequeño espacio en la blogósfera porque los intentos desde Tribunales, desde los medios, desde algún organismo gubernamental fueron infructuosos. Acuso con la misma indefensión, impotencia y frustración que sienten otros ciudadanos anónimos, también víctimas de una burocracia arbitraria, prepotente y perversa.

Yo acuso a la interventora de la Dirección de Sanidad y Control de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Norma Talco, y a sus ¿secretarias?, ¿asistentes?, ¿subordinadas? Marisa y Susana Sin Apellido. Acuso a la abogada designada por la ex ministro Graciela Ocaña y a sus dos ¿subalternas? por encarnar el engranaje más oxidado y nocivo de una administración pública que se pronuncia a favor de la eficiencia y la transparencia.

Acuso a Ana Talco de interpretar a su antojo las implicancias del Decreto 341/92 y, en base a esta interpretación libre, de violar los derechos que asisten a los dueños de farmarcias clausuradas preventivamente en 2008. Entre otras, se destacan las siguientes transgresiones sistemáticas:

• prolongar los tiempos administrativos de manera que pasen siete, nueve, trece meses antes de que los supuestos infractores puedan conocer las faltas imputadas, realizar un descargo y presentar un “plan de saneamiento” o “método de subsanación”.
• dificultar, cuando no impedir, el acceso a los expedientes armados por cada caso.
• amenazar con generar/ampliar causas judiciales a los supuestos infractores que osen presentar un “pronto despacho” para protestar ante tantas irregularidades administrativas.
• prometer levantamientos de clausuras en cuestión de días, e incumplir la promesa durante meses.

También acuso a Ana Talco en tanto autoridad responsable de la (in)conducta de “sus” Marisa y Susana Sin Apellido, incompetentes a la hora de informar sobre el estado de expedientes, instancias y protocolos administrativos, e incapaces de establecer un contacto serio y respetuoso con el ciudadano.

Para terminar, vuelvo a acusar a estas tres empleadas públicas de confundir “autoridad” con “abuso de autoridad”, “celeridad” con “improvisación”, “rigurosidad” con “arbitrariedad” y ”justicia” con “castigo ejemplar”.

¿Hasta cuándo gente así integrará una administración pública que se pretende eficiente, transparente, respetuosa y al servicio del ciudadano?

María Bertoni.-